Advierten que modificaciones en la Ley afectan derechos de los consumidores

El Consejo Federal del Consumo (COFEDEC) se pronunci贸 en contra de las modificaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y a la forma en que las introdujo el gobierno Nacional. Fue por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de una resoluci贸n de la Secretaria de Comercio del Ministerio de […]

El Consejo Federal del Consumo (COFEDEC) se pronunci贸 en contra de las modificaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y a la forma en que las introdujo el gobierno Nacional. Fue por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de una resoluci贸n de la Secretaria de Comercio del Ministerio de la Producci贸n de la Naci贸n.

Con el DNU 27/2018, publicado en el Bolet铆n Oficial en Enero pasado, el Ejecutivo Nacional modific贸 el Art铆culo 4潞 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor en lo referido al soporte y a la forma en la que el proveedor debe suministrar la informaci贸n al consumidor.

En tanto que la Resoluci贸n 915-E de la Secretar铆a de Comercio, regula lo relativo a la informaci贸n requerida para los avisos publicitarios. Tambi茅n a las caracter铆sticas esenciales de los bienes y servicios que se publicitan, as铆 como las condiciones de su comercializaci贸n.

El COFEDEC advirti贸 que ambas normas modifican y regulan uno de los ejes centrales sobre los que la legislaci贸n tutela: la INFORMACI脫N. A la vez que constituyen un retroceso jur铆dico en la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Tal es la importancia de la Informaci贸n en las relaciones de consumo que la propia Constituci贸n Nacional, en su Art铆culo 42, la prev茅 como Derecho de Consumidores y Usuarios.

En resguardo de ese Derecho, la entidad reclam贸 un debate amplio y multidisciplinario que involucre a la totalidad de los actores sociales, jur铆dicos, estatales y de los sectores de la sociedad civil comprometidos con la aplicaci贸n de las normas de protecci贸n de derechos de los consumidores y usuarios.

COFEDEC es un organismo institucional que est谩 integrado por todas las autoridades de aplicaci贸n de la legislaci贸n de defensa del consumidor del pa铆s y por la Direcci贸n Nacional de Defensa del Consumidor. La Provincia de Misiones est谩 representada por la Direcci贸n de Comercio Interior del Ministerio de Acci贸n Cooperativa, Mutual, Comercio e Integraci贸n que administra Elida Vigo.

Cabe se帽alar que no es compartido por la autoridad nacional de Defensa del Consumidor el documento (*Ver Documento completo) con que se rechazaron las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y en especial la forma. V铆a DNU.

Las modificaciones

Las entidades de defensa del consumidor del pa铆s afirman que estas modificaciones afectan a una norma que protege derechos de sujetos vulnerables frente a los eventuales abusos e incumplimientos de aquellos que se encuentran en una posici贸n ventajosa.

En este caso, se traslada al consumidor la tarea de informarse en lugar de que el proveedor realice el esfuerzo de comunicar al consumidor. O sea, que sobre el vendedor ya no pesa la responsabilidad de informar respecto del bien o servicio y de las caracter铆sticas de su comercializaci贸n.

Tambi茅n queda a su elecci贸n el soporte o medio a trav茅s del cual cumplir谩 con su deber de informar, a excepci贸n de que el propio consumidor elija y manifieste expresamente su decisi贸n de recibirla en soporte f铆sico en formato papel. Es decir, la informaci贸n brindada por escrito y con la claridad necesaria que permita su comprensi贸n.

Por otra parte, si bien la Ley exige que la informaci贸n debe ser brindada de manera gratuita por el proveedor, con las modificaciones impuestas por el Ejecutivo Nacional esta exigencia dejar谩 de verse cumplida. Pues, toda vez que la informaci贸n se provea digitalmente por medio de correo electr贸nico o mediante el acceso a una p谩gina web o v铆a telef贸nica, el consumidor deber谩 contar con un servicio para tales fines o concurrir a alg煤n lugar que brinde estos servicios. Que en todos los casos son pagos.

Necesidad, urgencia y Derechos constitucionales.

Finalmente, el documento del COFEDEC reafirma que estas modificaciones no solo violan los principios b谩sicos de la materia al disminuir el deber de informaci贸n del proveedor, adem谩s de inclinar la balanza en favor de la parte聽fuerte, sino que contradicen fuertemente los deberes que establece la Constituci贸n Nacional.

Dice el escrito que es evidente el objeto de estas modificaciones. Facilitar las publicidades disminuyendo los costos y problemas que las medidas protectorias generan a los proveedores. Costos que deben ser afrontados por los proveedores y no por los consumidores adem谩s que la informaci贸n no solo debe ser 鈥adecuada y veraz鈥澛sino tambi茅n 鈥cierta, clara y detallada鈥. Pero principalmente 鈥siempre gratuita para el consumidor聽y聽proporcionada en聽soporte f铆sico, con claridad necesaria que permita su comprensi贸n鈥. Estas dos 煤ltimas previsiones son claras y se ven totalmente dejadas de lado por las modificaciones.

Los organismos de defensa del consumidor del pa铆s consideran que un p谩rrafo aparte merece el an谩lisis a trav茅s del cual el Poder Ejecutivo Nacional decide y lleva adelante las modificaciones aludidas.

En un caso mediante una Resoluci贸n de la Secretar铆a de Comercio y en el otro, modificando un texto legal de orden p煤blico como es la Ley de Defensa del Consumidor (art铆culo 65, Ley 24.240) por intermedio de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Herramienta que, si bien resulta constitucionalmente reconocida, constituye un remedio frente a situaciones que verdaderamente revistan dichas caracter铆sticas de 鈥necesidad鈥 y de 鈥渦rgencia鈥. Caracter铆sticas que, en lo referido a la modificaci贸n del Art铆culo 4 de esa Ley 鈥entendemos no se verifican en el presente鈥, concluyen las autoridades.

Por cualquier consulta, usuarios y consumidores pueden acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor, que funciona en la 贸rbita de Direcci贸n de Comercio Interior del Ministerio de Acci贸n Cooperativa, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas en Avenida Mitre 2.180 de Posadas o llamar a los tel茅fonos 0800 888 53267 y (376) 4447625.

En tanto que en el interior de la provincia, pueden hacerlo en las delegaciones con sedes en:

  • Eldorado: Av. San Mart铆n 2.062 – 2潞 Piso 鈥 Edificio Cristal 鈥 (03751) 421152
  • Montecarlo: Av. Libertador 1.274 鈥 (03751) 480025
  • Ober谩: Larrea 731 鈥 (03755) 453045
  • Puerto Iguaz煤: Av. Victoria Aguirre 396 鈥 (03757) 425032 / 447590

 

(*) El documento del COFEDEC

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Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, 18 de enero de 2018

Ref. D.N.U. 27/2018 P.E.N. y Resoluci贸n 915-E/2017 Sec. de Comercio

El Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), organismo institucional integrado por todas las autoridades de aplicaci贸n de la legislaci贸n de defensa del consumidor del pa铆s, de Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires y por la Direcci贸n Nacional de Defensa del Consumidor e institucionalizado mediante la Resoluci贸n SC 464-E/2017, en tanto espacio de asesoramiento, an谩lisis, intercambio, promoci贸n y cooperaci贸n para el desarrollo de pol铆ticas p煤blicas relacionadas con la protecci贸n al consumidor y la promoci贸n y defensa de sus derechos, org谩nicamente ha decidido elaborar el presente documento respecto del D.N.U. (Decreto de Necesidad y Urgencia) 27/2018 dictado por el P.E.N. y publicado el 11/01/2018 en el B.O., as铆 como de la Resoluci贸n 915-E/2017 de la Secretaria de Comercio del Ministerio de la Producci贸n de la Naci贸n.

La primera de las normas mencionadas modifica el art铆culo 4潞 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor en lo referido al soporte y a la forma en la que el proveedor debe suministrar la informaci贸n al consumidor y la Resoluci贸n 915-E de la Secretar铆a de Comercio, a su vez, regula lo relativo a la informaci贸n requerida para los avisos publicitarios en los t茅rminos del art铆culo 4 y 36 de la LDC y relativa a las caracter铆sticas esenciales de los bienes y servicios que se publicitan, as铆 como tambi茅n las condiciones de su comercializaci贸n.

Resulta claro que ambas normas modifican y regulan uno de los ejes centrales sobre los que la legislaci贸n tutelar de los usuarios y consumidores: la INFORMACI脫N, tanto en su faz de deber u obligaci贸n legal en cabeza de los proveedores de bienes y servicios, como en la de derecho subjetivo del consumidor. Tal es la importancia de la informaci贸n en las relaciones de consumo que la propia Constituci贸n Nacional la prev茅 como derecho de consumidores y usuarios (art铆culo 42 CN).

En este sentido, la modificaci贸n introducida al art铆culo 4潞 de la LDC establece, en lo pertinente al modo en el que el proveedor debe cumplir con su obligaci贸n de informar sobre las caracter铆sticas esenciales de los bienes o servicios que comercializa, as铆 como sobre las condiciones de su comercializaci贸n, que 鈥淟a informaci贸n debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte f铆sico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deber谩 ser electr贸nico鈥. Esta nueva redacci贸n difiere de la anterior en cuanto al soporte en el cual la informaci贸n debe ser suministrada al consumidor. Mientras en su antiguo texto la LDC establec铆a que la informaci贸n deb铆a ser proporcionada en soporte f铆sico, con claridad necesaria que permita su comprensi贸n, pudiendo s贸lo suplantarse esta exigencia si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicaci贸n que el proveedor ponga a su disposici贸n, la nueva f贸rmula legal pone en cabeza del proveedor la elecci贸n del soporte o medio a trav茅s del cual cumplir谩 con su deber de informar, a excepci贸n de que el propio consumidor elija y manifieste expresamente su decisi贸n de recibirla en soporte f铆sico[1].

Esta modificaci贸n al mencionado texto legal var铆a sustancialmente la forma en la que el proveedor debe cumplir con una de las obligaciones legales m谩s importantes que la ley le impone, dejando a su arbitrio el modo de cumplirla (鈥減roporcionada en el soporte que el proveedor determine鈥) y trasladando al consumidor la decisi贸n de recibirla en formato f铆sico o papel, quien deber谩 expresamente solicitarlo as铆. De esta manera la nueva redacci贸n legal ha transformado en regla lo que antes era la excepci贸n y viceversa.

Se suprimi贸, por otra parte, la exigencia contenida en el segundo p谩rrafo de la norma, que obligaba al proveedor a brindar la informaci贸n 鈥渃on claridad necesaria que permita su comprensi贸n鈥, evitando, de esta forma, que la informaci贸n se vinculara espec铆ficamente con aquellos sectores o grupos de consumidores que, por sus especiales caracter铆sticas, requirieran una mayo sencillez o claridad en la misma. De esta manera, se transforma al derecho-deber de informaci贸n previsto en el r茅gimen tutelar del consumidor, en una obligaci贸n gen茅rica pasible de ser cumplida como s铆 la totalidad del colectivo de los consumidores y usuarios tuvieran id茅ntica capacidad de comprensi贸n o de entendimiento respecto de la misma.

Del mismo modo, la Resoluci贸n 915-E de la Secretar铆a de Comercio establece que la informaci贸n relativa a las caracter铆sticas esenciales de los bienes y servicios que se publicitan, as铆 como tambi茅n las condiciones de su comercializaci贸n, ser谩 proporcionada a los consumidores trav茅s de una p谩gina web y/o l铆nea telef贸nica gratuita, debiendo consignarse dicha circunstancia en la publicidad correspondiente. La norma refiere a aquellos textos que obligatoriamente deb铆an integrar las publicidades radiales, televisivas o gr谩ficas que efectuaba el proveedor y, en un intento por simplificar estas obligaciones, admite que en dichas publicidades de bienes y servicios se pueda suplir la expresa referencia tanto a las caracter铆sticas del bien o servicio publicitado, as铆 como a las caracter铆sticas de su comercializaci贸n (vigencia de la oferta, stock de unidades disponibles, etc.), ser谩 proporcionada a los consumidores trav茅s de una p谩gina web y/o l铆nea telef贸nica gratuita, debiendo consignarse dicha circunstancia en la publicidad correspondiente mediante la f贸rmula 鈥淧ara m谩s informaci贸n consulte en鈥︹ o 鈥淧ara m谩s informaci贸n comun铆quese gratuitamente al tel茅fono鈥︹, convirtiendo la obligaci贸n de informar que pesa sobre el proveedor en una f贸rmula gen茅rica que traslada al consumidor la tarea de informarse y, como claramente puede advertirse, informar, de ning煤n modo es informarse. Informar significa que el proveedor debe realizar el esfuerzo de comunicar al consumidor; informarse, por el contrario, implica que es el consumidor 鈥損arte jur铆dicamente d茅bil en la relaci贸n de consumo- quien debe asumir la responsabilidad de tomar conocimiento respecto del bien o servicio sobre el que desea contratar y de las caracter铆sticas de su comercializaci贸n. Lo mismo ocurre con la modificaci贸n al art铆culo 4 de la LDC modificado por el DNU 27/2018 del P.E.N.

Esta circunstancia tiene gran impacto en los consumidores y usuarios en todo lo relativo al ejercicio de sus derechos, no s贸lo al momento de adquirir o consumir bienes y servicios, sino tambi茅n y sobre todo, al momento de reclamar el incumplimiento de parte del proveedor acerca de alguna de las caracter铆sticas o de las caracter铆sticas en las que los comercializa. Es en este 煤ltimo supuesto donde mayormente las modificaciones legislativas tendr谩n un impacto negativo en cuanto a protecci贸n de los derechos de los consumidores y usuarios, toda vez que al momento de probar los eventuales incumplimientos mencionados, el consumidor se ver谩 en serios inconvenientes al no poder contar en su poder 鈥搒i oportunamente聽 no lo solicit贸 expresamente- con alg煤n documento escrito que avale y justifique su reclamo.

No debe olvidarse, adem谩s, que en muchos lugares de nuestro pa铆s el acceso a internet o a una l铆nea telef贸nica, resulta muchas veces dificultoso o directamente inexistente, por lo que, en estos casos, as铆 como en aquellas situaciones que involucren consumidores especialmente vulnerables, el consumidor se ver谩 efectivamente impedido de acceder a la informaci贸n o de recibir la misma, es decir, se ver谩 imposibilitado de ejercer plenamente uno de los derechos m谩s importantes que la Constituci贸n Nacional, la totalidad de las normas tuitivas expresamente le reconocen.

La totalidad de las autoridades de aplicaci贸n de la legislaci贸n tutelar de los derechos de consumidores y usuarios de todo el pa铆s tenemos una vasta y gran experiencia en la atenci贸n de reclamos derivados de la falta de cumplimiento del deber de informaci贸n por parte de los proveedores de bienes y servicios. La gran mayor铆a de estos proveedores retacea o directamente omite brindar al consumidor informaci贸n respecto de las caracter铆sticas de los bienes ofrecidos y acerca de su comercializaci贸n. Con la redacci贸n anterior del art铆culo 4 de la LDC que obligaba a brindar por escrito esta informaci贸n, obligaci贸n que en la mayor铆a de los casos omit铆an los proveedores, resultaba indubitable su responsabilidad frente al consumidor, responsabilidad que, con la nueva redacci贸n y las modificaciones introducidas por las normas analizadas, creemos que ser谩 de dificultosa acreditaci贸n por parte de aquel consumidor que reclame que no ha sido debidamente informado al momento de contratar o adquirir los productos ofrecidos.

En este sentido, este Consejo Federal entiende que, tanto la modificaci贸n introducida por el D.N.U. mencionado, como la derivada de la Resoluci贸n 915-E/2017 SC, constituyen un retroceso jur铆dico en la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Los derechos de los consumidores, en tanto derechos reconocidos y receptados constitucionalmente, constituyen derechos humanos estrechamente vinculados con los derechos econ贸micos, sociales y culturales del ciudadano y para los cuales resulta claramente aplicable el denominado 鈥減rincipio de progresividad鈥. Este principio reconoce que no puede, ni deben producirse retrocesos legislativos en la materia, situaci贸n que entendemos acontece con la sanci贸n de los textos legales mencionados.

Por otra parte, vale la pena destacar que tanto la Constituci贸n Nacional en su art铆culo 42, c贸mo el C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n en su art铆culo 1.100, el art铆culo 4 de la LDC 鈥揳煤n luego de la reforma en an谩lisis-, claramente prev茅n que la informaci贸n debe ser brindada de manera gratuita por el proveedor, exigencia que, para aquellos casos en los que la misma sea brindada de manera digital por medio de correo electr贸nico o mediante el acceso a una p谩gina web o a trav茅s de cualquier otro medio similar mediante internet, dejar谩 de verse cumplida, toda vez que para acceder a la misma, el consumidor o usuario deber谩 contar con un servicio de internet que en todos los casos es pago y/o concurrir a alg煤n lugar que brinde este servicio y que, obviamente, tambi茅n deber谩 abonar.

Se modifican, adem谩s, art铆culos de la Ley N潞 25.065 (Tarjeta de Cr茅dito), mediante el art铆culo 170 del DNU se modifica el inciso k del art铆culo 6, dicho art铆culo establece los requisitos que debe contener el contrato de emisi贸n de Tarjetas de Cr茅dito, en su inciso k establec铆a la obligatoriedad de que dicho contrato contenga la firma tanto del titular como de la persona apoderada de la empresa emisora, en la redacci贸n actual establece lo siguiente: 鈥渒) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora. Si el instrumento fuese generado por medios electr贸nicos, el requisito de la firma quedar谩 satisfecho si se utiliza cualquier m茅todo que asegure indubitablemente la exteriorizaci贸n de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento鈥. Se deber铆a establecer claramente que quiere decir cuando establece 鈥溾 que asegure indubitablemente la exteriorizaci贸n de la voluntad鈥︹ y m谩s a煤n 鈥溾a integridad del instrumento鈥︹

Tambi茅n se modifica el art铆culo 24 de dicha Ley, que establec铆a la obligatoriedad de la remisi贸n del Resumen de cuentas al domicilio del titular, mientras que ahora invierte nuevamente la situaci贸n, convirtiendo en regla lo que era excepci贸n y viceversa. Ahora la obligaci贸n es remitir el resumen al correo electr贸nico del titular, mientras que si 茅ste requiere el soporte f铆sico debe manifestarlo expresamente. Dicho art铆culo qued贸 redactado de la siguiente manera: 鈥Domicilio de env铆o de resumen. El emisor podr谩 optar por enviar el resumen en soporte electr贸nico a la direcci贸n de correo electr贸nico que indique el titular en el contrato o a la que con posterioridad fije fehacientemente, salvo que el consumidor establezca expresamente que su remisi贸n ser谩 en soporte papel鈥.

En conclusi贸n, el simple mecanismo utilizado para lograr la informaci贸n necesaria para tomar una decisi贸n, es redireccionar a los consumidores a un sitio de internet para obtener la informaci贸n, dejando as铆 la 鈥減arte importante鈥 para el proveedor (el mensaje publicitario) f谩cilmente accesible, y la 鈥減arte importante鈥 para el consumidor (la informaci贸n que le permitir谩 elegir libre y fundadamente) en alg煤n lugar alejado y diferenciado del mensaje publicitario. Obviamente, no s贸lo se dificulta al consumidor conocer la informaci贸n relevante para la compra, sino que tambi茅n se dificulta fuertemente el control de la autoridad de aplicaci贸n, ya que no bastar谩 con controlar la publicidad, sino que deber谩 constatarse, adem谩s, las p谩ginas de Internet y los tel茅fonos a trav茅s de los cuales se brinda la informaci贸n que obligadamente el proveedor debe brindar.

Estas modificaciones no solo violan los principios b谩sicos de la materia al disminuir el deber de informaci贸n del proveedor, adem谩s de inclinar la balanza en favor de la parte聽fuerte, sino que contradicen fuertemente los deberes que nacen del art铆culo 42 de la Constituci贸n Nacional.

Es evidente que el objeto de estas modificaciones es facilitar las publicidades disminuyendo los costos y problemas que las medidas protectorias generan a los proveedores. Pero estos costos deben ser afrontados por los proveedores, y no por los consumidores, es parte esencial de nuestro sistema que la informaci贸n no solo debe ser 鈥adecuada y veraz鈥 (art. 42 CN),聽sino tambi茅n 鈥渃ierta, clara y detallada鈥澛爕 principalmente 鈥渟iempre gratuita para el consumidor聽y聽proporcionada en聽soporte f铆sico, con claridad necesaria que permita su comprensi贸n鈥. Estas dos 煤ltimas previsiones son claras y se ven totalmente dejadas de lado.

P谩rrafo aparte merece el an谩lisis a trav茅s del cual el Poder Ejecutivo Nacional decide y lleva adelante las modificaciones aludidas, en un caso mediante una Resoluci贸n de la Secretar铆a de Comercio y, en el otro, modificando un texto legal de orden p煤blico como es la Ley de Defensa del Consumidor (art铆culo 65, Ley 24.240) por intermedio de un decreto de necesidad y urgencia, herramienta que, si bien resulta constitucionalmente reconocida, constituye un remedio frente a situaciones que verdaderamente revistan dichas caracter铆sticas de 鈥渘ecesidad鈥 y de 鈥渦rgencia鈥, caracter铆sticas que, en lo referido a la modificaci贸n del art铆culo 4 de la LDC, entendemos no se verifican en el presente.

Entendemos que, frente a reformas legislativas de una ley de orden p煤blico como la LDC, que protege derechos de sujetos vulnerables frente a los eventuales abusos e incumplimientos de aquellos que tanto econ贸mica, como jur铆dica y f谩cticamente se encuentran en una posici贸n ventajosa, y en virtud de los efectos y consecuencias concretos que dichas modificaciones conllevan en el desarrollo diario y cotidiano de las actividades de la vida en general de los ciudadanos, se impone un debate y un di谩logo amplio, multidisciplinario y que involucre a la totalidad de los actores sociales, jur铆dicos, estatales y de los sectores de la sociedad civil comprometidos y con competencia en la aplicaci贸n de estas normas de protecci贸n de derechos y en la defensa de los consumidores y usuarios.

Creemos que, aunque m谩s lento y trabajoso, la construcci贸n de consensos entre todos los sectores mencionados, es capaz de generar normas y soluciones m谩s sencillas, m谩s claras, de mejor aplicaci贸n y, sobre todo, que contribuyan a un mejor entendimiento entre las partes eventualmente en conflicto. Una mayor y m谩s efectiva protecci贸n de aquellas personas vulnerables, s贸lo puede alcanzarse mediante herramientas pensadas y dise帽adas entre todos los que se encuentran involucrados directamente con la defensa de sus derechos y que a diario enfrentan los problemas y dificultades con las que conviven los ciudadanos y que se derivan de las relaciones de consumo.

Este Consejo Federal de Consumo se encuentra comprometido desde hace muchos a帽os con la defensa y la protecci贸n de los derechos de consumidores y usuarios y sostiene, desde su creaci贸n, su firme voluntad de abrir los canales y espacios de debate sano y di谩logo constructivo que sean necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los argentinos, contribuyendo con su vasta y gran experiencia todo aquello que hace a la defensa de sus derechos y, en este sentido y por los motivos expuestos en el presente, cree necesario que se revean las modificaciones establecidas, tanto por la Resoluci贸n 915-E/2017 de la Secretar铆a de Comercio, como por el D.N.U. 27/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto menoscaban los derechos de los consumidores y usuarios de todo el pa铆s y constituyen un franco retroceso en el reconocimiento y protecci贸n de los mismos.

[1] Este Consejo Federal, luego de haberlo deliberado en el seno de la 83陋 Asamblea Anual Ordinaria, interpreta como soporte f铆sico el referido al soporte en formato papel, es decir, la informaci贸n brindada por escrito al consumidor, no siendo asimilable aquella que se brinde por medios digitales como correo electr贸nico o dispositivos de almacenamiento masivo o CDs o similares.